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El apartado 1 del art. 24 de la Ley de Auditoría de Cuentas 22/2015 establece que los honorarios que corresponden a los servicios de auditoría se van a fijar, en cualquier caso, antes que empieze el ejercicio de sus funcionalidades y para todo el periodo en que deban ejercerlos. Por su lado, el art. 8 del Reglamento que lleva a cabo la Ley de auditoría establece que, con carácter previo al comienzo de la realización de auditoría, va a deber suscribirse y formalizarse por escrito un contrato de auditoría entre la entidad auditada y el auditor de cuentas, que incluirá, de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, cuando menos, los honorarios.

También, el art. 40 del Código de Comercio establece que en el momento en que proceda el ascenso del auditor a solicitud de persona con interés legítimo, el registrador demandará al solicitante que avance los fondos precisos para el pago de la remuneración del auditor.

Los orígenes y el marco legal de la auditoría en España

Los antecedentes mucho más inmediatos de la actualizada actividad de auditoría de cuentas se remontan a la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. En este sentido, con la revolución industrial y el avance de la sociedad por acciones comenzaron a acumularse enormes capitales.

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Y a consecuencia de la dispersión del accionariado, los superiores costos de agencia que ya están entre inversionistas y gestores, y la carencia de seguridad en los administradores de la compañía, se realizó precisa la intervención de un profesional sin dependencia que determinase la certeza de los estados contables de las compañías para achicar el número de fallos o fraudes que, en su caso, tengan la posibilidad de cometer los gestores de la compañía. Tras el éxito y la seguridad depositada en Inglaterra a los auditores de cuentas, esta actividad se extendió a USA a inicios del siglo XX. En España, la imposición de la auditoría de cuentas como deber legal sucedió mediante la Ley de Sociedades Anónimas de 1951. Más tarde, distintas reglas establecieron la obligación de auditar a una secuencia de entidades destacables. Va a haber que aguardar hasta la Ley de 21 de julio de 1973 (que alteró el Código de comercio) a fin de que se constituya, primera oportunidad en España, un régimen general de verificación contable.

La adhesión de España a la Unión Europea provocó la promulgación de la Ley de Auditoría de Cuentas que dio autonomía a la auditoría. Se decretó asimismo un Reglamento de auditoría de cuentas y unas reglas técnicas de auditoría que regulaban la profesión de auditor (independencia, ascenso, etcétera), la ejecución del trabajo de auditoría (obtención de la prueba, cálculo de la relevancia relativa, régimen y distinción) entre fallos y también irregularidades contables, etcétera.) y los reportes de auditoría.

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